Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com La Comisión Europea propone medidas de choque para un cuarto paquete ferroviario

Internacional:  Noticia de actualidad


Ante el alarmante retroceso del ferrocarril en algunos países europeos y el fracaso de algunas iniciativas adoptadas en el pasado

Con las nuevas propuestas que la Comisión Europea anunció el pasado 30 de enero, la Agencia Ferroviaria Europea se convertirá en una “ventanilla única” que expedirá las autorizaciones para comercializar vehículos en toda la Unión Europea, así como los certificados de seguridad para los operadores. Además, se quiere fomentar la innovación en los ferrocarriles mediante la apertura a la competencia de los mercados nacionales de pasajeros, asignatura pendiente aún para la mayor parte de los operadores. Todo ello tiene como objetivo frenar el inquietante estancamiento del ferrocarril en algunos países.


La Comisión Europea propone medidas de choque para un cuarto paquete ferroviario
 
La Comisión propone que los ferrocarriles se abran a nuevas empresas y servicios a partir de 2019.
 
 

(01/02/2013) Muchos mercados ferroviarios europeos se enfrentan actualmente a un estancamiento o retroceso. Ante esta realidad, la Comisión propone medidas de mayor alcance para fomentar la innovación en los ferrocarriles de la Unión mediante la apertura a la competencia de sus mercados nacionales de pasajeros, así como importantes reformas técnicas y estructurales de acompañamiento.

Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión responsable de Transportes, ha declarado que “el sector ferroviario europeo se acerca a una encrucijada muy importante. Ante el estancamiento o retroceso del ferrocarril en muchos mercados de toda Europa, tenemos una opción sencilla. Podemos adoptar las decisiones difíciles que necesitamos para reestructurar el mercado ferroviario europeo, fomentar la innovación y prestar mejores servicios. El ferrocarril podrá así crecer de nuevo en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el medio ambiente. O podemos escoger la otra vía. Podemos aceptar un declive irreversible sobre una pendiente resbaladiza hacia una Europa en la que el ferrocarril sea un juguete de lujo para unos pocos países ricos e inasequible para la mayoría ante la crisis de la financiación pública”.

Reducción de costes administrativos

Las propuestas giran en torno a cuatro áreas fundamentales. En primer lugar, la Comisión quiere reducir los costes administrativos de las empresas ferroviarias y facilitar la entrada de nuevos operadores en el mercado. Con las nuevas propuestas, la Agencia Ferroviaria Europea se convertirá en una «ventanilla única» que expedirá las autorizaciones para comercializar vehículos en toda la Unión, así como los certificados de seguridad para los operadores. Actualmente, las autorizaciones y certificados de seguridad ferroviaria son expedidos por cada Estado miembro.

Las medidas propuestas permitirían un 20 por ciento de reducción del tiempo de entrada de nuevas empresas ferroviarias y un 20 por ciento de reducción del coste y la duración de la autorización del material rodante. En general, ello supondría un ahorro para las empresas de quinientos millones de euros de aquí a 2025.

En segundo lugar, para fomentar la innovación, la eficiencia y la rentabilidad, la Comisión propone que los ferrocarriles nacionales de viajeros se abran a nuevas empresas y servicios a partir de diciembre de 2019.

Las empresas podrán ofrecer servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril  en toda la Unión Europea, bien proponiendo servicios comerciales competitivos, o bien licitando para obtener contratos de servicios públicos ferroviarios, que constituyen la mayor parte -más del 90 por ciento- de los trayectos ferroviarios de la Unióny van a estar sujetos a la obligación de realizar una licitación.

Mayores posibilidades de elección para los viajeros

Las propuestas aportarían ventajas claras a los pasajeros centradas en mejores servicios y mayor posibilidad de elección. Combinadas con las reformas estructurales, podrían producir más de cuarenta mil millones de euros de beneficios financieros de aquí a 2035 para los ciudadanos y las empresas, y permitirían ofrecer hasta 16. 000 millones de viajeros-kilómetro adicionales, según las estimaciones de la Comisión.

Los mercados nacionales de viajeros permanecen cerrados en gran parte. Únicamente Suecia y el Reino Unido han liberalizado totalmente sus mercados, mientras que Alemania, Austria, Italia, Chequia y los Países Bajos han abierto los suyos de forma limitada.
La experiencia en estos mercados abiertos ha puesto de manifiesto mejoras de la calidad y la disponibilidad de los servicios, con una satisfacción de los viajeros que aumenta de año en año, y un crecimiento del número de viajeros en algunos casos superior al 50 por ciento a lo largo de diez años. En otros mercados liberalizados, la licitación de contratos de servicios públicos ha significado un ahorro de entre el 20 y el 30 por ciento para un determinado nivel de servicio, que puede reinvertirse en la mejora general de los servicios. 

Fortalecimiento de los gestores de la infraestructura

A fin de garantizar para todos la igualdad de acceso al ferrocarril, los gestores de la infraestructura deben hacer que las redes funcionen de forma eficiente y no discriminatoria, y coordinarse en toda la Unión para sostener el desarrollo de una red auténticamente europea.

Para garantizar que la red se desarrolla en interés de todos los actores y maximizar la eficiencia operativa, la Comisión propone fortalecer a los administradores de infraestructuras, de modo que controlen todas las funciones que se encuentran en el núcleo de la red ferroviaria, incluida la planificación de la inversión en infraestructura, las operaciones diarias y de mantenimiento, y el establecimiento de horarios.

Ante las numerosas quejas de los usuarios, la Comisión considera que los administradores de infraestructuras deben tener independencia operativa y financiera frente a cualquier operador de transporte. Según la Comisión, esto es esencial para eliminar los posibles conflictos de interés y ofrecer a todas las empresas el acceso a las infraestructuras de forma no discriminatoria.

Separación institucional

Como norma general, la propuesta confirma que la separación institucional es la forma más simple y transparente de lograrlo. En 2019, las empresas ferroviarias independientes de los administradores de infraestructuras tendrán un acceso inmediato al mercado interior de viajeros. No obstante, la Comisión puede aceptar que una estructura integrada verticalmente, de tipo holding, también puede alcanzar la independencia que se precisa, con “murallas chinas” impermeables que garanticen la necesaria separación jurídica, financiera y operativa.

Para salvaguardar esta independencia, con miras al mercado totalmente abierto en 2019 para los viajeros, podría impedirse a las empresas ferroviarias que formen parte de una estructura integrada verticalmente circular en otros Estados miembros si no convencen previamente a la Comisión de que se han establecido todas las salvaguardias para garantizar una igualdad de oportunidades en la práctica y de que es posible una competencia leal en su mercado nacional. 

Mano de obra cualificada y motivada

Según la Comisión, un sector ferroviario dinámico depende de una mano de obra cualificada y motivada. A lo largo de los próximos diez años, el ferrocarril se enfrentará a los desafíos de atraer a personal nuevo para sustituir a un tercio de su mano de obra, que se jubilará, y responderá a un entorno nuevo y más competitivo.

La experiencia en los Estados miembros que han abierto sus mercados muestra que esta apertura debe dar lugar a nuevos y mejores puestos de trabajo. De acuerdo con el marco regulador de la Unión Europea, los Estados miembros tendrán la posibilidad de proteger a los trabajadores exigiendo a los nuevos contratistas que los contraten cuando se transfieran contratos de servicios públicos, yendo así más allá de los requisitos de la Unión sobre los traspasos de empresas.

Las propuestas de la Comisión deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros antes de su aprobación.