(08/09/2025)  

El acuerdo sienta las bases de un  trabajo coordinado en materia de infraestructuras que tiene como finalidad garantizar la financiación de la red ferroviaria de Tenerife e incluye la posibilidad de acceder a fondos europeos para avanzar en su desarrollo.

Con este convenio se establece un marco de actuación para articular la cooperación entre las tres Administraciones. Por una parte, el Ministerio de Transportes velará por que los proyectos respondan a criterios de rentabilidad social, económica y ambiental, además de asegurar que se ajusten a la metodología de la Comisión Europea, lo que facilitará la captación de fondos comunitarios. Asimismo, el Cabildo de Tenerife será el responsable de redactar los estudios y proyectos técnicos, además de impulsar las autorizaciones ambientales, urbanísticas y administrativas necesarias, mientras que el Gobierno de Canarias, prestará apoyo en la coordinación con otras infraestructuras, como carreteras, y en la tramitación de los permisos que correspondan.

El tren de Tenerife se concibe como una infraestructura estratégica que conectará Santa Cruz de Tenerife, el aeropuerto del Sur y los principales núcleos turísticos del sur de la isla (Costa Adeje, Los Cristianos y San Isidro).

Proyecto

En el proyecto del Tren del Sur se ha prioriza el tramo San Isidro-Adeje, con una inversión de 800 millones de euros y una extensión de 30 kilómetros. El recorrido entre ambos puntos se calcula que será de 13 minutos. Esta conexión enlazará puntos estratégicos de la isla como la zona industrial de Las Chafiras, el Aeropuerto de Tenerife Sur, el puerto de Los Cristianos y el hospital de El Mojón. La fase 2, Santa Cruz- San isidro, tendrá una longitud de 51 kilómetros y podrá transportar a 67.000 pasajeros al día con un coste de 1.500 millones de euros.

Desarrollo

Tras confirmarse la viabilidad socioeconómica y ambiental de las actuaciones, el protocolo sirve para impulsar la firma de convenios específicos plurianuales para cada proyecto, que incluirán tanto la duración como las aportaciones financieras de cada Administración, así como la posibilidad de recurrir a financiación europea. En este sentido, cabe destacar que el protocolo en sí mismo no implica un gasto directo, sino que establece la hoja de ruta para garantizar la financiación futura. El protocolo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables por otros dos, hasta la firma de los convenios específicos que lo sustituyan.

El convenio  también prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Ministerio, del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, y presidida por este último. Esta comisión será la encargada de supervisar las actuaciones, coordinar las acciones necesarias, elaborar propuestas de convenios, proponer prórrogas y resolver posibles dudas interpretativas. Además, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife participará como observador, con voz pero sin voto, y se podrán incorporar otros municipios en función de las necesidades.