(23/09/2010)  
El estudio de la Comisión de Construcción y Financiación de Infraestructuras del Colegio,se ha elaborado con el propósito de “contribuir a identificar las mejores posibilidades de inversión pública en el país, en un momento de escasez de recursos y dificultad presupuestaria”.

En su diagnóstico aseguran “temer que la ordenación actual del Estado, que facilita una dinámica de lógica competencia entre regiones y comunidades por los recursos siempre escasos, ha podido desvirtuar la visión de conjunto y a largo plazo que debe presidir una política de infraestructuras y ordenación del territorio”.

Por ello, aseguran que “los análisis que se presentan han intentado valorar las mejoras de una forma abierta e imparcial, aun a sabiendas de que al referirse estas propuestas a infraestructuras que afectan a su propio servicio a la sociedad, las conclusiones alcanzadas pueden valorarse por distintos sectores con criterios diferentes, e incluso ser consideradas como base de conflicto y polémica. Bendita polémica si lleva a poner de manifiesto contradicciones y posibilidades de mejora hasta ahora ocultas”.

Priorización de inversiones

En el estudio se asegura que en tiempo de escasez presupuestaria tiene sentido abrir un debate sobre qué inversiones y servicios deben priorizarse, con vistas a obtener un mejor rendimiento para el conjunto del país “es importante reconocer que la escasez de recursos actual hace que toda inversión no justificada significa la detracción de recursos para otras aplicaciones social o económicamente necesarias y, como las inversiones que pueden imaginarse son teóricamente infinitas, es indispensable el establecimiento de prioridades”.

En este sentido, según el estudio, “a partir de ahora, toda decisión de inversión debe estar justificada por sus efectos directos e indirectos a medio y largo plazo sobre la mejora de la economía del país, y no deben emprenderse inversiones aisladas que no se justifiquen por efecto sobre el conjunto del territorio y su rendimiento social y económico”.

“La escasez de recursos de inversión, incluso contando con la colaboración público privada, obliga a ser aún más selectivos y discriminatorios en la selección de los proyectos, con la conciencia de que en una economía de restricciones y escasez muchos de los paradigmas que han prevalecido como válidos en periodos anteriores difícilmente pueden justificarse en la actualidad.
Valgan como muestra afirmaciones como: “Todo español debe encontrarse a una distancia de  transporte no superior a una hora de un tren de alta velocidad”, o bien “Sólo se construirá una autopista de peaje si existe en paralelo una vía de gran capacidad gratuita”, que en la coyuntura actual difícilmente se justifican.

También parece lógico introducir racionalidad en los aumentos de coste de la inversión pública derivados de conceptos de valoración de impacto medioambiental extremados, y en la aplicación del “Uno por ciento cultural y artístico” que grava el presupuesto de todas las obras públicas”.

Complemento de la financiación privada

El estudio analiza también en la necesidad de insistir en la conveniencia de profundizar en la mejor utilización de aquellos sistemas, como la colaboración público privada, que permiten iniciar las inversiones necesarias distribuyendo el impacto de las mismas en el presupuesto a lo largo de su periodo de utilización, y al propio tiempo mejorando, a través de una juiciosa selección de las condiciones de contrato, el coste conjunto para la sociedad de su construcción y operación.

Adicionalmente, se propone recurrir a determinadas privatizaciones de sociedades públicas que generen ingresos adicionales para la Administración y contemplarse las posibilidades derivadas del pago complementario por los ciudadanos de los servicios de uso general.

Primeras conclusiones

En el estudio se señalan unas primeras conclusiones generales, así como recomendaciones por sectores.

Entre las generales–además de pedir la revisión del Plan Energético Nacional- en lo que afecta a infraestructuras se señala entre otras “la necesidad de contemplar con nuevos ojos el conjunto del sistema de transporte español, en sus distintos modos, facilitando con urgencia las soluciones técnicas y económicas que permiten reducir permanentemente los costes energéticos y medioambientales del transporte de mercancías y de personas, adoptando para ello un plan de actuaciones coordinado en el conjunto del territorio, plan que no debe quedar limitado por la distribución competencial actual del Estado”.

En cuanto a las recomendaciones de detalle de cada sector, en el ámbito del ferrocarril el estudio se centra principalmente en el transporte de mercancías y en el de viajeros de alta velocidad.

Recomendaciones para infraestructuras ferroviarias

Las medidas que se proponen para aumentar las inversiones en infraestructuras ferroviarias se basan en "la recomendación fundamental, que da soporte a todas las demás, que es la de dar entrada al capital privado en la construcción de infraestructuras ferroviarias. Y para ello las inversiones deben ser económicamente viables, en un sistema de tarifas realista que
posibilite trasladar los costes a los precios. El muy bajo nivel de cánones existente y las mejoras en rendimientos que la inversión implicaría deben hacerlo posible. El Ministerio de Fomento debe encarar este proceso con determinación.

Actuaciones en alta velocidad 

Según el estudio en las circunstancias actuales el planteamiento del PEIT de seguir invirtiendo en nuevas líneas de AVE y de Altas Prestaciones, conjuntamente con el de invertir en la red convencional para adaptarla al tráfico de mercancías por ferrocarril, no es sostenible. Por ello, para continuar con el desarrollo de la alta velocidad es preciso realizar una reflexión sobre el modelo de red ferroviaria incluyendo la estrategia de cambio de ancho que debe seguirse para asegurar su sostenibilidad. Algunas de las recomendaciones que se señalan son: 

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