(03/03/2022)  

La nueva autoridad cuya creación recoge un anteproyecto de Ley presentado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tendrá mayor grado de independencia que las actuales Comisiones, que solo gozan de independencia funcional,   personalidad jurídica propia y autonomía financiera por su participación en lo recaudado por tasas relacionadas con la seguridad en los modos de transporte.
La nueva estructura mejorará los recursos dedicados a la materia, sin perjuicio de garantizarse la especialización del personal destinado a desarrollar las investigaciones y a elaborar los informes, que se estructura en unidades especializadas por cada modo de transporte.
La Ley de la Autoridad Administrativa Independiente regulará también el régimen jurídico de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los tres modos de transporte, fusionando en un único texto las normativas sectoriales actualmente vigentes sobre la materia. El anteproyecto de ley incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas, que fortalece su posición jurídica en el procedimiento de investigación técnica.

Miembros

Los integrantes de su Consejo se nombrará por real decreto y, en todo caso, con intervención previa de la comisión competente del Congreso de los Diputados, y el nombramiento del presidente requerirá la conformidad de la comisión parlamentaria, que también podrá vetar a los candidatos a consejeros.
Los nombramientos partirán de una propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad, y previa apertura de un período de consulta pública, en el que cualquier persona o entidad podrá proponer candidatos. 
Los integrantes del consejo realizarán sus funciones con dedicación exclusiva, y estarán sometidas a un estricto régimen de incompatibilidades, incluyendo la prohibición de realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad durante los dos años siguientes a su cese.