(14/09/2015) La Ley sustituye a la actual 39/2003 que supuso la separación de la gestión de la infraestructura de la explotación de servicios, con la creación de Renfe Operadora y Adif. En esta legislatura se han producido modificaciones relevantes como la integración de Feve en Renfe y Adif, la división de Renfe en cuatro sociedades y de Adif en dos y la liberalización de los servicios turísticos. Todos estos cambios quedan integrados en la nueva legislación.

La Ley quiere favorecer un mayor uso de las infraestructuras ferroviarias, abriendo el mercado a nuevos operadores, a la vez que diseña un marco legislativo ya adaptado a las exigencias de la conocida como Directiva Recast de la Unión Europea -aprobada a finales de 2012- en la que se establece un espacio ferroviario europeo único.

Nuevos operadores de viajeros

La entrada de nuevos operadores privados en la red ferroviaria para el transporte de viajeros se diseña con un nuevo sistema de cánones para la utilización de la infraestructura en el que se elimina el actual canon de acceso, lo que según fuentes de Fomento “supone eliminar una importante barrera que beneficia a Renfe frente al resto de operadores”. Este canon vigente ahora se paga una vez al año y se calcula por tren/km recorrido, un sistema en el que Renfe sale claramente beneficiada. En 2014 el número de viajeros que utilizó los trenes de Renfe alcanzó los 468 millones, dos más que en el año anterior, con un incremento del 16 por ciento en viajeros de alta velocidad y media distancia.

En la actualidad  tienen licencia ferroviaria veintisiete empresas además de Renfe Operadora, de las que nueve tienen licencia para transporte de viajeros y mercancías, cinco para viajeros y trece, únicamente para mercancías.
El nuevo sistema de cánones quiere incentivar el crecimiento del tráfico ferroviario y maximizar el uso de la red ferroviaria estableciendo también bonificaciones para la incorporación de nuevos servicios. Por ejemplo eliminando el actual coste fijo por tren, independientemente del número de trenes que el operador pone al día, de manera que los trenes adicionales se puedan beneficiar de un canon menor.

Se prevén igualmente bonificaciones por aumentos de tráficos y para fomentar el aprovechamiento de la capacidad, así como penalizaciones en caso de no utilizar la reserva de uso.

Normativa europea

En cambio, tal como prevé la normativa europea, se añade un recargo al canon base para aquellos servicios que resulten más rentables a los operadores, de manera que se permita una mayor recuperación del coste de la infraestructura. Otra novedad en la estructura del canon es ls segregación de la parte correspondiente a la utilización de energía eléctrica de tracción, de manera que se facilita una mejor asignación de costes entre los distintos tipos de tracción, ya que esta parte sólo la pagarán los trenes eléctricos.

En lo que afecta a las obligaciones de las empresas operadoras, éstas estarán obligadas a aportar a Fomento información estadística y contable que garantice la transparencia del mercado liberalizado, así como a llevar cuentas separadas de los servicios de viajeros y mercancías. Igualmente, entre los que son servicios comerciales y los declarados obligaciones de servicio público.

En cualquier caso, la normativa que se ha preparado cuida salvaguardar y garantizar los servicios de cercanías y media distancia, reconocidos como obligación de servicio público, mediante financiación pública de los déficits de explotación. En 2014, 438 millones de viajeros utilizaron estos servicios.

Equilibrio financiero de las infraestructuras

En materia de infraestructuras, la Ley refuerza los mecanismos de planificación, garantizando la financiación de los proyectos. En este sentido la ley recoge una “Estrategia Indicativa” que corresponde a Fomento para la planificación de las infraestructuras, de la que se deriva un “Programa de Actividad” que en base a la estrategia de Fomento recogerá las actuaciones previstas en los siguientes cinco años, incluyendo las previsiones orientativas de cánones para el mismo periodo.

Estas previsiones no podrán sobrepasarse de manera que se facilite el cálculo de explotación de las operadoras.

La Ley prevé que Fomento y Adif firmen un convenio para establecer los objetivos del administrador y las aportaciones económicas del Estado. Según la normativa europea, los administradores de infraestructuras deben alcanzar una situación financiera de equilibrio en cinco años, para la que están permitidas las aportaciones públicas.

La seguridad

La Ley pone especial acento en el tema de seguridad ferroviaria, adaptando la normativa a la recientemente creada Agencia de Seguridad Ferroviaria a la que se dota de mecanismos propios de financiación con objeto de reforzar su independencia de los administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias.

La Agencia de Seguridad es la encargada de proponer los requisitos de seguridad del sistema ferroviario, así como la autorización, circulación y mantenimiento de los vehículos y los requisitos para la obtención de los títulos habilitantes para el personal ferroviario.

Las mercancías

En lo que afecta al transporte de mercancías por ferrocarril, liberalizado en 2005, se introducen medidas para mejorar su competitividad, como la reducción de costes de los servicios en las terminales, la simplificación del sistema tarifario y el impulso que se da a los puertos como administradores de infraestructuras en su dominio. Igualmente se imponen nuevas condiciones de transparencia para los administradores de infraestructuras y se asegura la no discriminación entre las empresas usuarias de las terminales.

Estas medidas, a juicio de Fomento, podrían acentuar la mejora de los resultados del tráfico de mercancías que se ha visto incrementado en lo que afecta a Renfe en un 25 por ciento en entre 2012 y 2014. En el caso de los tráficos en los puertos vienen aumentando desde 2011, con un 9,5 por ciento en 2014 respecto al año anterior. El tráfico de mercancías por ferrocarril según los últimos datos del Observatorio del Ferrocarril, corresponden a Renfe en casi un 80 por ciento.

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