Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com La Comisión Europea lleva a Alemania al Tribunal Europeo de Justicia por incumplir el Primer Paquete Ferroviario

Internacional:  Noticia de actualidad


No separa las cuentas de explotación ferroviaria e infraestructura, y destina ingresos de negocios rentables a servicios deficitarios abiertos a la competencia

La Comisión Europea ha emprendido acciones legales contra Alemania ante el Tribunal Europeo de Justicia por no separar la contabilidad entre las filiales de explotación de trenes de los Ferrocarriles Alemanes (DB) y DB Redes, el gestor de la infraestructura.


La Comisión Europea lleva a Alemania al Tribunal Europeo de Justicia por incumplir el Primer Paquete Ferroviario
 
 
 

(22/11/2013) La Comisión Europea alega que bajo las actuales circunstancias en Alemania, aún pueden utilizarse fondos públicos para subvencionar ilegalmente los servicios de pasajeros y mercancías deficitarios abiertos a la competencia con los ingresos procedentes de segmentos más rentables.

La Comisión que está convencida de que el Gobierno alemán está actuando contra las normas básicas incluidas en el Primer Paquete Ferroviario de 2001 (directiva europea 91/440/EC, y 2001/14/EU, sustituida por 2012/34/EU),  ha realizado en concreto tres denuncias contra Alemania:

• No garantiza que la contabilidad del gestor de la infraestructura y los servicios de transporte se lleven de forma que se impida la transferencia pública de fondos de infraestructuras a otras actividades de transporte.

• No garantiza que los cánones de acceso a la vía por el uso de la infraestructura puedan sólo ser utilizados para financiar la actividad del gestor de la infraestructura, y

• No garantiza que los fondos públicos pagados por la explotación de los servicios de transporte de viajeros, en virtud de las obligaciones de servicio público, se reflejen de forma separada en la contabilidad.

La Comisión afirma que, en conjunto, las actuales disposiciones en Alemania no excluyen la posibilidad de utilizar fondos públicos, destinados para infraestructura y servicios de obligación pública, a subvencionar de forma cruzada los servicios de pasajeros y mercancías abiertas a la competencia. Denuncia que ello podría distorsionar la potencia y, posiblemente, otorgar una ventaja competitiva injusta a los que reciben los subsidios públicos.